Las patentes y el coronavirus

Las patentes y el coronavirus
por Javier Flax (21/03/2020) 

Uno de los mayores enemigos de la salud pública son las patentes de invención, tal como se lo reforzó de manera global a partir del Acuerdo sobre ADPIC, normativa fundacional de la Organización Mundial de Comercio (OMC) -institución ajena a la ONU- a través de la cual se impusieron las reglas de juego neoliberales para el comercio global. Sin dudas ese statu quo se ve condiciona un mejor desenvolvimiento de los sistemas de salud frente a la actual pandemia del coronavirus COVID-19.  

Para entender esto, primero tenemos que comprender que, contra lo que dice la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual), las patentes de invención, en aquello que tiene que ver con los medicamentos, ni son un estímulo para la investigación ni mejoran la calidad de vida de la población, salvo pequeños sectores con enorme poder adquisitivo. Los monopolios que generan las patentes imponen precios monopólicos, es decir, abusivos y exorbitantes. Además, demoran la investigación por la mal habida apropiación del conocimiento, el cual, como establece la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos de la UNESCO, debería ser accesible y de libre circulación. En la misma línea, la enorme mayoría de los científicos de todo el mundo, son partidarios de la arquitectura abierta del conocimiento, es decir, mantener el intercambio y la cooperación entre los diferentes equipos de investigación, antes que de la apropiación, el secretismo y la competencia para ver quien llega primero que establece el sistema de patentes, el cual conduce a que el que llega primero, llega mucho después de lo que se podría haber logrado en un sistema cooperativo y abierto.  No debemos olvidar que la mayor parte de la investigación de base en todo el mundo es financiada por los Estados. Asimismo, la inversión para el desarrollo de fármacos es mucho menor a lo que la Big Pharma quiso hacer creer, aunque, por supuesto, se necesita financiamiento.  

Otro problema del actual sistema, es la brecha 90/10 por la cual el 90% de la inversión se orienta a las necesidades del 10% de la población mundial y, a la inversa, las enfermedades que aquejan al 90% de la población reciben apenas el 10% de la inversión en I+D. Así es que existen enfermedades desatendidas o huérfanas. La Big Pharma no invierte en poblaciones con bajo poder adquisitivo o en enfermedades que tienen baja incidencia en la población (puede ampliarse en J. Flax, “Patentes de medicamentos y derechos humanos en https://redbioetica.com.ar/revista-redbioetica-unesco-no-13/).  

Seguramente, los Estados dispondrían de mayores fondos para investigación si tuvieran que pagar menos en concepto de patentes a los monopolios farmacéuticos. Las licencias obligatorias en crisis sanitarias son poco significativas y pueden llevarlas adelante muy pocos países. 

La lógica generada por el actual sistema de patentes se ve reflejada en la actual crisis humanitaria. Seguramente, se podría disponer mucho más rápidamente de una vacuna para el COVID-19, pero en su momento, por ejemplo, se decidió no invertir en el desarrollo de una vacuna para un virus que se pensó no los afectaría. Como explicó recientemente al Congreso de USA Peter Hotez, codirector del Centro de Desarrollo de Vacunas del Hospital Infantil de Texas y decano de la escuela de Medicina Tropical de la universidad Baylor, en Houston (Texas),  luego de la epidemia de SARS (Síndrome Respiratorio Agudo Grave) generado por un coronavirus, se pusieron a trabajar sobre una vacuna adaptable a otros coronavirus. Efectivamente, la menor mutación del coronavirus, con respecto, por ejemplo, al virus de la influenza, hubiera permitido una rápida adaptación de la vacuna anterior, si se la hubiera probado. Se llegó a ensayar con animales, pero no se pudo pasar a los ensayos clínicos por falta de financiamiento (ver “El científico que casi logró una vacuna contra el coronavirus pero se quedó sin fondos” (Efe / Washington 05.03.2020).  

Por otro lado, hay actualmente diversos grupos en varios países  trabajando para sacar una vacuna contra el COVID-19, en China, en Alemania, en USA y otros países. Pero en vez de cooperar, parecen hacerlo con la lógica impuesta por el Acuerdo de ADPIC. Diferentes grupos -incluidos aquellos que preferirían trabajar cooperativamente- trabajan encerrados sobre sí mismos para patentar una vacuna lo antes posible. Dieron pena las gestiones del Presidente de USA pretendiendo comprar el conocimiento desarrollado en Alemania para poder monopolizar esa vacuna.  Como publicó hace una semana el portal de la Deutsche Welle, “Donald Trump, está intentando con elevados incentivos económicos garantizar para Estados Unidos el derecho exclusivo de una potencial vacuna contra el COVID-19 en la que está trabajando un laboratorio alemán” (www.dw.com/es/prensa-trump-busca-exclusividad-para-ee-uu-de-posible-vacuna-alemana-contra-el-covid-19/a-52781176). 

Otro tanto ocurre con los tests para el coronavirus, los cuales son indispensables para poder detectar, aislar y atender mejor a los contagiados con el virus. El 14 de febrero pasado la Agencia EFE informaba sobre el prototipo de kit para la detección en una hora del coronavirus en pacientes asintomáticos -en una hora y por dos dólares- desarrollado por científicos argentinos formados en universidades nacionales e investigadores del CONICET. Con toda legitimidad esos científicos se asociaron con una empresa biotecnológica. Un mes después, la información era que habían conseguido financiamiento en el exterior para la producción en escala en el año 2021 por parte de la Indie-Bio, empresa tecnológica de Arvind Gupta, quien tiene -entre otros objetivos- recaudar mil millones de dólares con sus emprendimientos. Por supuesto, pasar a la producción en gran escala requiere de inversiones y tiempo. Pero las patentes de por medio complican la implementación. En medio de una pandemia, deberían por lo menos compartirse los conocimientos y flexibilizarse las patentes, de modo de poder acelerar las investigaciones. Los Estados tienen un papel que jugar al respecto, tanto en flexibilizar licencias, como en poner todos los recursos para acelerar los tiempos y para producir lo que sea necesario para minimizar las consecuencias dañinas de la pandemia. 

Deberíamos aprender de algunos aspectos de la experiencia de la vacuna contra el polio, en medio de la terrible epidemia de mediados del Siglo XX. Para la producción de esa primera vacuna no se respetó propiedad intelectual alguna. Jonas Salk recurrió al conocimiento elaborado por otros científicos, quienes habían ganado el premio Nobel por sus investigaciones, pero no se apropió de los mismos poniendo la vacuna bajo propiedad intelectual. Cuando el periodismo consultó si patentaría la vacuna, Salk respondió “No hay patente, ¿se puede patentar el sol?”.  

Un comentario sobre “Las patentes y el coronavirus

  • el 27 octubre, 2020 a las 05:08
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    Muy preocupante desde hace ya tiempo esta brecha 90/10, sobre todo en situaciones como la que estamos viviendo actualmente…

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