Trolling y agresiones a la libre expresión
Amnistía Internacional acaba de sacar el informe “El debate público limitado. Trolling y agresiones a la libre expresión de periodistas y defensores de DDHH en Twitter Argentina” que puede consultarse en https://amnistia.org.ar/wp-content/uploads/delightful-downloads/2018/03/online-pre1.pdf
Las personas analizadas en Argentina fueron: Hugo Alconada Mon, Edi Zunino, María O´Donnell, Reynaldo Sietecase, Romina Manguel, Marcelo Longobardi, Ernesto Tenembaum, Nelson Castro, Carlos Pagni, Adolfo Pérez Esquivel, Mariela Belski.
Aquí adelantamos su Resumen Ejecutivo
En la Argentina la información crítica, así como la defensa de derechos humanos, están expuestas en los últimos tiempos a ataques en redes sociales digitales que en muchos casos son coordinados y buscan inhibir la expresión de perspectivas plurales y limitar la circulación de opiniones diversas sobre temas cardinales del espacio público.
Tomando la definición de la Jefatura de Gabinete en su Carta sobre Libertad de Expresión y Medios Públicos de marzo de 2018 (“participamos todos de una gran conversación, y es responsabilidad de cada uno –con el Estado como garante y ejemplo principal– cuidarla y enriquecerla”), es deber del Estado preservar el debate público de amenazas a la libre circulación de informaciones, ideas y opiniones, así como fomentar un ambiente democrático y robusto para su plena expresión. Los ataques a posiciones críticas en Internet constituyen un preocupante agravio contra el derecho humano a la libertad de expresión. Y son también un riesgo para la convivencia democrática.
En el último año, organizaciones de la sociedad civil en todo el mundo vienen manifestando su preocupación acerca de los ciberataques, dado que éstos inhiben la circulación de perspectivas y conducen a la autocensura. Amnistía Internacional se ha comprometido en distintos países a reportar las agresiones en el marco de su acción en pos de la plena vigencia de los derechos humanos. El efecto disciplinador de las agresiones concertadas contra determinadas figuras (trolling) merece una atención mayor en el marco del uso creciente de las redes sociales como espacios de información y debate público.
Como se expone en el presente relevamiento, el método utilizado en la Argentina combina la acción de cuentas personales de referentes políticos, trolls (cuentas cuyo registro violento bloquea el debate y desvía la conversación), bots (cuentas parcial o totalmente automatizadas en sus interacciones) y seguidores regulares. Por ello, Amnistía Internacional Argentina realizó un estudio sobre ciberataques contra once personas (nueve reconocidos periodistas que trabajan en medios de la Ciudad de Buenos Aires y dos activistas por los derechos humanos) de diversa extracción y afinidades culturales e ideológicas. Se analizaron 354.000 tweets correspondientes al lapso del 22 de octubre de 2017 al 14 de noviembre de 2017. En este lapso la agenda pública de la Argentina estaba concentrada en diversos temas de derechos humanos (DDHH) y justicia, como la muerte de Santiago Maldonado (el período no abarca en cambio el asesinato de Rafael Nahuel [1], el encarcelamiento de dirigentes políticos sin condena y la divulgación de imágenes privadas al momento de su detención.
Varias de estas cuestiones fueron abordadas desde diferentes perspectivas ideológicas, puntos de vista y fuentes por parte de líderes de opinión, formaciones políticas, organismos defensores de DDHH y del heterogéneo grupo de periodistas que se seleccionó como corpus para el presente relevamiento. Justamente su carácter diverso, su diferente inserción en distintos medios de comunicación y sus reconocidas posiciones también variadas en términos ideológicos y de afinidades político-culturales, dota a los resultados del presente trabajo de mayor representatividad, ya que las tendencias observadas se registran de modo simultáneo en todos los casos.
Una de las personas atacadas, particularmente, ha sido la vocera de Amnistía Internacional en Argentina, Mariela Belski, víctima de una acción coordinada desde cuentas ficticias con información falsa sobre su trayectoria (fakenews) que fue amplificada por referentes oficialistas. Sobre este caso se incluye un apartado específico en el presente informe. Las agresiones contra periodistas y defensores de DDHH utilizan metodologías y ataques propios de las campañas de odio que tienen lugar en diferentes países y contra las cuales cabe desarrollar respuestas democráticas, respetuosas de la deliberación pública robusta y que, por ello mismo, desincentiven las embestidas concertadas, muchas veces potenciadas por acciones automatizadas (bots) e intensivas en el discurso violento (Trolling), en las que la difusión de información falsa (fakenews) busca distorsionar la legitimidad del debate basado en hechos y, al mismo tiempo, desprestigiar a quienes defienden los derechos de la ciudadanía y advierten públicamente sobre su amenaza o vulneración.
Los ciberataques detectados combinan una metodología de la que son partícipes figuras públicas y cuentas automatizadas o robots (bots). Su orientación vinculada con el oficialismo constituye un factor de importancia, ya que el gobierno es el responsable de asegurar la plena vigencia del derecho a la expresión, a la crítica y a la diversidad de perspectivas en el espacio público. El presente informe documenta el accionar de cibertropas en Twitter con el fin de descalificar, agredir o intimidar a periodistas y defensores de DDHH de la Argentina. Se analiza el modus operandi de los ciberataques y se cuantifica su accionar, lo que permite avanzar en la comprensión de un fenómeno reciente que reclama atención pública.
Los resultados del informe que se presentan a continuación y los ejemplos aquí citados son tan elocuentes como preocupantes y demandan un compromiso tanto del Estado Nacional como de las empresas proveedoras de los servicios de redes sociales para garantizar que el debate genuino, la difusión y el acceso pleno a ideas y opiniones sin temor a represalias se realice según los principios que el derecho internacional y nacional reconoce a la libre expresión.