Sanciones económicas: arma de destrucción masiva
Sanciones económicas: arma de destrucción masiva
Uno de las cuestiones que la bioética subraya en su derrotero de defensa de la vida es que la comida así como la alimentación y todo lo que ella implica, es uno de los derechos primordiales. No sólo la Declaración Universal de Derechos Humanos sino la Declaración Universal sobre Bioética y Derechos Humanos deja en claro que es en vano proclamar cualquier otro derecho a poblaciones hambrientas, que no pueden satisfacer la mínima de las condiciones para mantener la vida como es el comer y beber, incluso el comer y beber sano, educarse, trabajar, tener vivienda digna y atención a la salud. El editoral del Lancet que reproducimos habla de sanciones económicas que generan hambre en países castigados por otros más poderosos, nos permite hacer una comparación con la situación actual de los países latinoamericanos. La pregunta que hacemos es si políticas económicas no sólo aceptadas sino promovidas por los países del primer mundo en nuestra región, con el apoyo al resurgimiento de políticas económicas neoliberales, no son también armas de destrucción masiva. El aumento, en los últimos dos o tres años de la pobreza extrema que estaba en tren de desaparecer, de la indigencia, de las enfermedades causadas por esa pobreza, de la violencia que nace de la desigualdad creciente, nos permite comparar lo que sucede en nuestros países con las sanciones económicas que se aplican en otras regiones del planeta. Son de hecho sanciones económicas disimuladas tras planes económicos de enriquecimiento de algunos sectores en desmedro de otros, de enormes transferencias de riquezas económicas de los sectores más desprotegidos a los más poderosos, del endeudamiento creciente de los países comprometidos a su reintegro por decenas de años. No hay duda que podemos ver en estas políticas un arma de destrucción masiva no sólo de los pueblos originarios de nuestra región sino de todos sus habitantes.
María Luisa Pfeiffer
“En la era antigua, un ejército que no podía conquistar una ciudad abrazada por murallas defensivas sitiaría la ciudad para bloquear la provisión de suministros necesarios a las personas que residían allí. Esta estrategia no ha cambiado notablemente desde entonces.
Hoy en día, solo unos pocos países se atreven a usar armas de destrucción masiva; en cambio, algunas naciones poderosas utilizan cada vez más las sanciones económicas, supuestamente como un medio humano para presionar a un país para que cambie su comportamiento y acepte cumplir con lo que se le ha pedido.
Para convencer a los organismos internacionales de que acepten, o al menos no objeten, el uso de las sanciones contra un país, es necesario demostrar que las sanciones son de naturaleza humanitaria y no afectan la salud de las personas. Pensando que estas sanciones tienen carácter humanitario, algunas incluso, son ratificadas por organismos internacionales. Por ejemplo, el Artículo 16 de la Carta de la ONU permite que el Consejo de Seguridad de la ONU imponga sanciones económicas a algunos países. Sin embargo, esto está en clara contradicción con el Artículo 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 2 que establece que «toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado para la salud y el bienestar de sí mismo y de su familia, incluidos los alimentos … y atención médica … «. La verdad incómoda es que estas sanciones afectan indirectamente la salud de las personas y generalmente tienen consecuencias devastadoras. La Resolución 661,3 del Consejo de Seguridad de la ONU que impone una sanción multilateral a Iraq en 1990, prohibió la importación de todos los suministros, excepto los destinados a fines médicos, alimentos y otros artículos humanitarios. Aunque se supone que no afecta la salud de las personas, la sanción, en la práctica, mató a aproximadamente 1,5 millones de personas (incluido más de medio millón de niños) en Iraq, más que la cantidad de personas que murieron en Hiroshima a raíz de la detonación de la bomba nuclear. Desastres similares están sucediendo en Siria y Yemen.
Poco después de imponer sanciones económicas a un país, muchos medicamentos esenciales para salvar vidas dejan de estar disponibles. Incluso la producción de algunos medicamentos que se fabrican en un país disminuye, o incluso se detiene, debido a la escasez de ingredientes básicos o partes de máquinas de repuesto que son necesarias para la producción de drogas. El precio de las drogas aumenta a un nivel que las personas con bajos ingresos apenas pueden pagar. Los mercados negros se convierten en lugares donde se comercializan ilegalmente medicamentos (a veces falsos). La falta de piezas de repuesto afecta no solo a los dispositivos médicos sino también a otras infraestructuras necesarias, como los generadores eléctricos; frecuentes cortes de energía causan problemas serios (pérdida de vacunas, medicamentos, ventiladores, monitores, etc.). Cientos de miles de personas mueren en silencio por enfermedades. Este silencioso asesinato en masa en una parte del mundo que se sumerge en la confusión ni siquiera se nota, o tal vez se pasa por alto.
Aunque las consecuencias para la salud de las sanciones impuestas podrían considerarse un daño colateral inevitable por parte de algunos políticos y funcionarios, las personas inocentes son de hecho quienes soportan la carga impuesta. El uso de armas de destrucción masiva, en cualquier forma, debe ser condenado por organismos internacionales.
Soy un Consultor Editorial para The Lancet. En el momento de escribir estas líneas, se están imponiendo nuevas sanciones económicas a mi país.
Por Farrokh Habibzadeh
The Lancet, 20 de agosto de 2018.