Fútbol y derechos humanos
Fútbol y derechos humanos
Varios equipos latinoamericanos participan de este campeonato, sin embargo no se han escuchado voces que lo cuestionen ¿Tal vez no conocen la realidad de los habitantes y trabajadores en Qatar prefieren ignorarlo? Desgraciadamente un deporte se ha convertido cada vez más en un juego de interese económicos que explotan tanto a los jugadores como a los que trabajan para armar el escenario como al público que se deja envolver con un entusiasmo totalmente manejado por el consumo. Para quienes «no quieren» conocerlo y hacerse cómplices de lo que sucede, publicamos esta nota de El Confidencial de España.
El domingo 20 de noviembre echa a rodar el balón que inaugura la Copa Mundial de Fútbol masculino de la FIFA 2022, que durará hasta el 18 de diciembre y se disputará en Qatar, lo cual no ha estado (ni está) exento de polémica. Esto se debe a las denuncias de distintos organismos como Amnistía Internacional (AI) o Human Rights Watch (HRW) por la violación de derechos humanos en el país árabe.
Esta situación ya era conocida por la FIFA (Federación Internacional de Fútbol Asociado), el organismo rector del fútbol, en el 2010, cuando concedió a Qatar el torneo, a pesar de que las leyes del régimen catarí son incompatibles con los propios estatutos de la Federación, que establecen en el artículo 4 la “lucha contra la discriminación, la igualdad y la neutralidad”. Además de no cumplir con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, firmada por Qatar en 1971, donde se establece que estos “deben ser respetados y reafirmados por los países miembros”.
A su vez, cabe señalar que no es la primera vez esto sucede, ya que Amnistía Internacional denunció anteriormente violaciones de derechos humanos en la celebración de otros mundiales. “Desde Sudáfrica en 2010, cuando iban a desalojar a personas para poder construir estadios nuevos, hasta Rusia en el 2018, donde se denunció la anexión de Crimea o de Georgia. Esto apunta a que es muy probable que siga pasando, porque lleva ocurriendo mucho tiempo”, asegura Ricard Taboada, miembro de Amnistía Internacional.
Así pues, a pesar de que el Gobierno del país árabe haya aprobado en los últimos años una serie de reformas en materia de derechos humanos, estas no han sido aplicadas en su totalidad. Por ejemplo, en el ámbito laboral sigue existiendo el sistema kafala, un “sistema de patrocinio” para las empresas que existe en varios países de la península arábiga y que regula las relaciones laborales entre los empleadores y los trabajadores migrantes, que son el 90% de la mano de obra y proceden de India, Bangladés, Sri Lanka y Nepal, principalmente. Este sistema facilita el abuso y la explotación de los segundos, que apenas tienen derechos ni la posibilidad real de reclamarlos. Es por ello por lo que, a pesar de que kafala significa ‘garantías’, en muchos casos es sinónimo de trabajo forzoso.
Si bien es cierto que el emirato eliminó el requisito de obtener el permiso de salida y el “certificado de no objeción” para la mayoría de los trabajadores inmigrantes, con el que, en teoría, pueden salir del país y cambiar de trabajo sin el consentimiento de sus jefes, la realidad es diferente. En la práctica, se siguen encontrando con trabas y requisitos burocráticos cuando intentan cambiar de empleo sin el permiso de su entidad. Además, los jefes pueden controlar su situación legal por la imposibilidad que tienen los trabajadores de acceder a la justicia en casos de abusos o a la requisa de sus pasaportes.
La situación es especialmente complicada para las trabajadoras domésticas internas debido a su aislamiento en el domicilio del empleador, que también es su lugar de trabajo, lo que dificulta que puedan cambiar de empleo o que puedan denunciar casos de agresión. Otras prácticas abusivas son el pago con retraso de los salarios, la retención de los mismos o las pésimas condiciones laborales, como trabajar en situaciones extremas de calor, jornadas interminables y escasas medidas de seguridad. Por si tales prácticas no fueran suficientes, también son privados del derecho fundamental de formar sindicatos o afiliarse a ellos, según el Informe 2021-2022 de AI.
En resumen, el sistema continúa priorizando y dotando de más poder a las empresas, que supervisan la entrada y la residencia de sus trabajadores y que pueden anular sus permisos de residencia o presentar cargos de fuga, poniendo en riesgo su presencia legal en el país.
Como consecuencia de estas prácticas y condiciones laborales, y según datos publicados por The Guardian basados en los proporcionados por los propios países de origen de los trabajadores, al menos 6.500 personas han fallecido en la construcción de los estadios de fútbol y otras infraestructuras para el Mundial.
Adriana López
Fuente: El Confidencial, 15-11-2022