Discapacidad: luchas y perspectivas  

Los movimientos de las personas en situación de discapacidad: luchas y perspectivas  

Publicamos la intervención de Eduardo Joly, en  el Primer Encuentro de la Octava Edición del Seminario “La discapacidad desde la perspectiva de las humanidades” celebrado en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, el 10 de agosto de 2021,  en razón del profundo interés que tienen sus denuncias y reflexiones en relación con el derecho de las personas en situación de discapacidad a ser tratadas en igualdad de condiciones en todos los ámbitos de acción. Solemos ignorar las luchas que se vienen dando en Argentina y en toda América Latina por acceder a la igualdad de salarios de parte de estas personas, por ejemplo, o a trabajos no precarios y fuera de toda protección laboral que permiten la explotación debido al estado de necesidad en que se ven sumidos quienes sufren de alguna discapacidad. Muchas veces creemos que con subsidios siempre escasos queda resuelto el problema que no es solo monetario, sino que tiene que ver con el reconocimiento de las capacidades de la persona. Ignoramos, culpablemente, que no hay leyes que faciliten el acceso a los medicamentos y tratamientos  a personas que no pueden prescindir de ellos.  Tal vez no queremos enterarnos de que las diferentes situaciones discapacitantes obligan a que sean reconocidas para que haya igualdad; no tomamos conciencia tampoco que vivimos en ciudades que no consideran arquitectónicamente como tampoco a nivel de transporte público, adecuarse a las necesidades diferentes de sus habitantes.  Joly, histórico militante por los Derechos de las Personas con Discapacidad es presidente hoy de la Fundación Rumbos (Argentina) y fue en su momento fundador de REDI – Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (Argentina) y nos presenta en esta ponencia el devenir histórico del problema por un lado y una lista de reclamos mínima que elaboraron agrupaciones de personas con discapacidad,  para que el estado y la sociedad comiencen  a reconocer sus derechos.   

“ Yo no transité la experiencia de la discapacidad desde mi nacimiento. De hecho, nadie nace con discapacidad. Es una construcción social. Se impone primero a la familia y luego en los intercambios sociales más amplios. Uno podrá nacer ciego, sordo, con parálisis cerebral, o alguna otra condición limitante a nivel motriz, sensorial o cognitiva, pero lo que devendrá es una incógnita, a menos que desde bebé un pronóstico médico, reflejo de un prejuicio sociocultural, obture pensarlo a uno con potencialidades a descubrir y desarrollar a lo largo de su vida. 

Ya era sociólogo, me ganaba la vida, me había casado y tenía todo un futuro de proyectos profesionales y amorosos cuando me accidenté y producto de una lesión medular dejé de sentir y mover mis piernas. Contrariando el discurso médico de la época que me pronosticaba una vida estática y de dependencia, me impuse volver a caminar, a ser el de antes. Y en parte lo logré, con bastones canadienses y ortesis bilaterales. Incluso, pude volver a ganarme la vida con mi profesión, con un discurso que apuntaba al corazón del problema. 

Me presenté como superhéroe: “Si pude sobreponerme a esta lesión, a tanta pérdida, ¿qué no podré hacer por Uds.?” Esgrimí resiliencia exitosa, y respondí al requisito sociocultural de admisión como par, como persona valiosa: ser eminentemente explotable. Para ello, conté con el privilegio de antecedentes académicos y laborales prestigiosos, gracias a mi condición social privilegiada. Era hijo de profesionales destacados. Conseguí un empleo bien pago, y la empresa ganó mucha plata conmigo. 

Debo reconocer que hasta entonces no era consciente de la problemática de la discapacidad. Eso surgió, años más tarde, cuando por limitaciones físicas personales me vi obligado a usar silla de ruedas. Entonces descubrí que los insalvables obstáculos de escaleras, de baños inaccesibles, me excluían de ámbitos laborales, de encuentros en casas de amigos, y del uso de un transporte público inaccesible. 

Ahí la discapacidad se hizo presente, para mí y para los demás. De ser un profesional exitoso, desde la silla de ruedas pasé a ser portador de un halo generalizado de incapacidad en todo sentido, y me vi obligado a demostrar que seguía siendo un par, como cuando caminaba. 

Volviendo a la cuestión laboral, a menos que uno pueda demostrar que con las horas trabajadas uno es idóneo para cubrir no sólo su sueldo sino también las ganancias que espera el empresario, uno será descartado como trabajador y tendrá que recurrir al asistencialismo, a la caridad o a la limosna para sobrevivir. Otra opción es que uno acepte trabajar, por necesidad y “con suerte”, aunque sea bajo condiciones de superexplotación. Esta es la condición más generalizada entre personas en situación de discapacidad que consiguen empleo. 

Así lo entendieron 300 integrantes de la Liga por los Discapacitados Físicos de Nueva York que ocuparon durante 9 días las oficinas estatales de empleo para reclamar puestos de trabajo que se les negaba por su discapacidad (polio y parálisis cerebral). Fue en 1935, en las postrimerías de la gran depresión; y lograron 1500 puestos a nivel local. 

Poco después, en 1937 trabajadores ciegos de un taller protegido de producción organizaron una huelga relámpago en Pittsburgh, Pennsylvania, para reclamar su derecho a sindicalizarse y negociar convenios colectivos de trabajo, abrumados por la 

sobreexplotación a la cual estaban expuestos. Bien sabemos que a los trabajadores de los talleres protegidos de producción se le pagan migajas por su trabajo. 

Y en 1944, en el Reino Unido, la Ley de Empleo para Personas Discapacitadas estableció una cuota por la cual quienes empleaban a 20 o más trabajadores debían asegurar que al menos el 3% de la fuerza de trabajo fueran personas discapacitadas. Esto aplicaba al sector privado gracias a un pacto entre el capital y los sindicatos laboristas, temerosos de la influencia del socialismo en la clase obrera, aunque el cumplimiento de esta ley distó mucho de su letra. 

En América Latina, hay antecedentes de lucha que también se remontan a la primera mitad del siglo XX. En 1917, estudiantes ciegos del Instituto Nacional para Ciegos en Buenos Aires lideraron una huelga reclamando mejor alimentación, sábanas limpias y una representación igualitaria en el comité directivo de la institución. Fue la época en que se gestaba la reforma universitaria del 18. 

En los años 30, estudiantes ciegos mexicanos realizaron múltiples huelgas para denunciar su precaria situación y la necesidad de reformas profundas para que pudieran contar con un autogobierno. El derecho democrático a intervenir en las decisiones que afectaban sus vidas estaba en la agenda. 

Volviendo a nuestro país, el Frente de Lisiados Peronistas y UNSEL (la Unión Nacional Socioeconómica del Lisiado) lucharon a principios de los 70 bajo la consigna de Trabajo y Vivienda. El Frente, cuyos integrantes eran mayoritariamente de clara extracción obrera, llevó adelante una movilización histórica ante la quinta presidencial de Olivos. Juntos lograron que se aprobara en el Congreso de la Nación la primera ley de cupo laboral, aplicable en los sectores público y privado, y una Comisión Nacional que los incluyera como protagonistas en el control de las políticas públicas para lograr trabajo y vivienda.  

Muchos de los integrantes del Frente de Lisiados Peronistas fueron detenidos, torturados y desaparecidos durante la dictadura cívico-militar que asumió en el 76. De hecho, una de las primeras medidas de la dictadura fue anular la ley de cupo laboral. 

Para los empresarios era inconcebible que se les impusiera la obligación de contratar a quienes consideraban a priori incapaces de generarles ganancias. Esta lógica empresarial impuesta al estado ha dado por resultado que, a partir del retorno de la democracia en el 83 y hasta la fecha, no hayamos podido recuperar lo logrado a principios de los 70. 

Por ejemplo, el cupo laboral existente sólo aplica al estado nacional y en algunas provincias, pero no se cumple, y los planes de vivienda estatales supeditan la accesibilidad edilicia a iniciativas provinciales que definen un cupo insignificante. 

Cabe destacar que este movimiento de los años 70 coincidió con el que impulsó un grupo de jóvenes británicos con discapacidad nucleados en UPIAS (Unión de los Impedidos Físicos contra la Segregación) y que formularon lo que hoy se conoce como el modelo social de la discapacidad. En su amplia mayoría estaban vinculados al partido laborista y compartían una ideología socialista. No muy diferentes de los impulsores del Frente de Lisiados Peronistas, varios de cuyos integrantes provenían de organizaciones políticas de orientación marxista e inclusive guevarista. Tal el caso de José Poblete, que había militado en el MIR – Movimiento de Izquierda Revolucionaria 

de Chile – y luego en Cristianos por el Socialismo de Argentina. Desaparecido y torturado él y su esposa por la Junta Militar, y apropiada su hija, su caso fue clave en la nulidad de las leyes de obediencia debida y punto final. 

A mediados de los 90 surgió un nuevo movimiento de personas en situación de discapacidad, nucleados en REDI (Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad), en el que confluimos personas con diferentes limitaciones, en su mayoría con trayectorias políticas previas o inclinaciones si no abiertamente de izquierda, al menos progresistas. La composición social era principalmente de clase media. Aunque nuestras primeras acciones fueron sectoriales, focalizándonos en transporte, itinerarios peatonales, ascensores y empleo, entendimos que nuestras luchas no podían estar aisladas de las luchas de trabajadores ocupados y desocupados que irrumpió hacia fines de dicha década. 

REDI fue partícipe activa del movimiento asambleario y piquetero de la época. Instrumentamos rondas mensuales en Plaza de Mayo y corte de calles frente a la Casa Rosada y la CNRT (Comisión Nacional de Regulación del Transporte) para hacer valer nuestros derechos en todos los aspectos de la vida social, política, económica y cultural, para garantizar nuestra inclusión y equiparación de oportunidades. Para ello, impulsamos nuestro protagonismo, reclamando, en la Plataforma Básica de entonces: 

1. Ingreso mínimo no inferior a la canasta familiar en hogares donde haya alguien con discapacidad. 

2. Continuidad laboral a todo trabajador que adquiere una discapacidad, sin reducción salarial. 

3. Cupo laboral para trabajadores con discapacidad, tanto en el sector público como en el privado. 

4. Que el Estado asegure para los operarios de los Talleres Protegidos de Producción la comercialización de su producción, y se haga cargo de sus aportes jubilatorios. 

5. Salud pública universal y gratuita, y que garantice cobertura integral a personas con discapacidad. Garantizar la producción local y estatal de medicamentos, su provisión y el control de precios. 

6. Cobertura del 100% de las necesidades de las personas con discapacidad en salud, educación, rehabilitación, elementos de ayuda y medicamentos. 

7. Vivienda y transporte para todos. Accesibilidad física en las calles, en los edificios y en el transporte. 

8. Acceso a la comunicación, a la información y a la participación para quienes no puedan o tengan dificultad para ver o escuchar. 

9. Integración escolar con apoyo a las maestras de escuela común. No a la discontinuidad de escuelas especiales y domiciliarias. 

10. Subsidio especial para toda persona discapacitada por la represión. 

Sostuvimos estos reclamos durante los gobiernos de Menem, de la Rúa, Duhalde y los Kirchner. Ningún reclamo fue atendido. En palabras de un compañero K, la “década ganada” no lo fue para nuestro sector. 

Las esperanzas que muchos miembros de REDI depositaron en el discurso nacional y popular, sumado al desgaste sufrido de tanto luchar sin respuesta gubernamental positiva, y las dificultades de transporte para trasladarse, llevaron a que la organización abandonara en los hechos las movilizaciones, limitándose cada vez más a un accionar jurídico, de denuncias formales, de seguimiento del cumplimiento de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y a la organización de seminarios de capacitación en temas de autonomía personal y género. Sólo se acompañaron a aquellas movilizaciones convocadas por otros, como fue la ocupación del Obelisco porteño en reclamo por las pensiones no-contributivas durante la gestión macrista. 

La incorporación al movimiento feminista, en la lucha por el aborto legal y seguro, en la educación sexual integral, sumándose derechos específicos de las mujeres en situación de discapacidad (tales como, sus derechos sexuales y reproductivos, la violencia de género, la igualdad y la no discriminación), fueron convirtiéndose en los últimos años en el eje del accionar de REDI. Los reclamos por trabajo y vivienda, así como la Plataforma Básica de Reclamos pasaron a segundo plano. 

Con la derrota macrista a nivel nacional, y la asunción de un nuevo gobierno que prometía centrarse en las necesidades populares, tanto REDI como otras organizaciones en el campo de los derechos humanos y discapacidad volvieron a depositar expectativas en que sus reclamos fueran atendidos. 

No sorprende pues que diversos militantes se incorporaran a la ANDIS (Agencia Nacional de Discapacidad), esperanzados con cambiar la realidad desde adentro. Esto ya había sucedido con militantes en épocas pasadas con experiencias harto frustrantes. Hasta ahora, y aún con una dirección ejecutiva de histórica trayectoria militante (proveniente de la Secretaría de Discapacidad de la CTA Autónoma de Capital Federal), la ANDIS no se ha animado a retomar el legado del Frente de Lisiados Peronistas y UNSEL en lo que atañe a vivienda y trabajo, ni ha logrado – si acaso se lo ha planteado – que el estado desista del recurso extraordinario federal macrista interpuesto en la demanda iniciada por REDI misma con relación a las pensiones no-contributivas. 

Las expectativas depositadas encuentran su límite en políticas de estado regidas por la lógica empresarial, propia del sistema capitalista a nivel local y mundial. Hoy, este sistema atraviesa una de sus crisis más profundas desde la depresión de los años 30, no como víctima sino como victimario. Son crisis inherentes al desarrollo mismo del capitalismo, a ciclos de sobreproducción, a la implosión de burbujas especulativas inmobiliaria-financieras, a la reducción en la tasa de ganancia capitalista, y a la voracidad de los grandes capitales a una mayor concentración económica vía la destrucción de las pequeñas y medianas empresas y/o a su supeditación como tercerizadas dependientes. Esto tiene graves consecuencias sobre la masa trabajadora, a nivel de desocupación, precarización laboral y empobrecimiento creciente. 

En este contexto, la pandemia se manifiesta no sólo como un problema de salud, sino como expresión de una decadencia y crisis de sistema que pone en juego nuestra 

misma supervivencia como humanidad, o al menos la supervivencia de las grandes mayorías poblacionales que conforman la clase trabajadora. Y dentro de esta, la sistemáticamente desocupada es la población en situación de discapacidad, históricamente ignorada por políticas de estado, históricamente indefensa por las burocracias sindicales, y cuya supervivencia recae fundamentalmente sobre los hombros de sus familias. Sus reclamos rara vez encuentran eco más allá de las organizaciones a las que pertenecen y que, por deformación ideológica y el peso de la mirada médica, siguen fragmentadas por patologías de base. 

Hay algunas pocas excepciones, que intentan anclarse en el denominado modelo social, encarnado según ellas en la Convención, que analizan problemáticas y plantean reclamos atinentes a la discapacidad en su conjunto, pero que en su metodología de acción quedan atrapadas en la discapacidad como una problemática aislada, actuando desde la lógica de gueto.    

En general, se ha dejado de lado una consigna clave que caracterizó a REDI a fines de los 90 y principios de este siglo y que fue “integrarnos en las luchas para luchar por nuestra integración”. Hoy se diría por nuestra inclusión. Una consigna anclada en el reconocimiento de que la amplia mayoría de las personas en situación de discapacidad son, ante todo, desocupadas. Esta característica es cada vez más común entre amplios sectores de trabajadores marginados por la crisis de sistema que mencioné previamente, aun cuando no los caracterice la discapacidad. 

Es una realidad estructural que nos fraterniza con más del 50% de la población del país. Y debemos tomar cuenta de ello para formar parte de las luchas políticas que se están librando cada vez más a lo largo y ancho del continente y de nuestro propio país. 

En este contexto, diría que la militancia en discapacidad está actualmente huérfana de dirección y orientación estratégica. Voy a pasar a contar lo que hacemos desde Rumbos Accesibilidad, sin por eso pretender argumentar que estemos dando respuesta a esta orfandad, aun cuando intentamos hacer propia esa histórica consigna de REDI de “integrarnos en las luchas para luchar por nuestra integración”. Me refiero a nuestro trabajo territorial con organizaciones barriales, ambientalistas, defensoras de las tierras y espacios públicos y contrarias a las privatizaciones instrumentadas por el macrismo-larretismo. Es mediante este trabajo que hemos logrado desencapsular la lucha del sector, logrando incorporar nuestros reclamos en la agenda de organizaciones que hasta poco ignoraban nuestra problemática. Y también articular nuestro trabajo en ámbitos universitarios. 

Un claro ejemplo lo constituye nuestra activa participación en el Programa de Discapacidad de Filosofía y Letras de la UBA, y en nuestra colaboración en relevamientos de accesibilidad realizados por estudiantes de geografía de esta casa de estudios. Y un sistemático trabajo de incorporar la problemática de la accesibilidad en materias de grado en la Facultad de Arquitectura de la USAL (Universidad del Salvador), experiencia incipientemente replicada en otras universidades del país, tanto públicas como privadas. 

Pero como organización, focalizamos en la accesibilidad como necesidad y derecho que abre puertas hacia la satisfacción de otras necesidades y derechos, tales como el trabajo, la vivienda, la educación, el protagonismo político. Con referencia a lo político, quiero detenerme, aunque sea un momento. 

Una deuda pendiente consiste en que nuestra problemática, nuestra lucha, sea incorporada en las plataformas de los partidos políticos en general, pero muy en particular por los progresistas y de izquierda. Es una limitación que también señalaron, en los años 70, los militantes británicos que idearon el modelo social de la discapacidad. No lograron que ni el Partido Laborista, ni los tradicionalmente de izquierda, incorporaran su agenda en sus respectivas plataformas. 

Por un lado, podríamos remitirnos al prejuicio histórico de asociar a personas en situación de discapacidad con acciones de voluntariado caritativo. Por otra parte, no podemos dejar de lado el prejuicio histórico dentro de algunas corrientes del propio marxismo hacia los desclasados, como sector supuestamente no-organizable en la lucha política. Pero, la experiencia argentina de principios de siglo XXI, con el auge político del movimiento piquetero de trabajadores desocupados, pareciera darle un sentido a dicho trabajo político. 

Es notable la enorme presencia de personas en situación de discapacidad en las villas, en las marchas piqueteras, y en los sectores de trabajadores que crisis tras crisis económica van quedando marginados del empleo formal, van cayendo en la miseria, generando en el seno de sus familias situaciones de creciente discapacidad por desnutrición fetal, malnutrición infantil, contaminación ambiental, y desatención médica, tanto preventiva como curativa. 

A esto debemos sumarle el desmanejo de la pandemia, tanto a nivel nacional como internacional: patentes privadas logradas con financiamiento estatal, distribución despareja de vacunas por clase social y color de piel, ausencia de vacunas en las zonas más empobrecidas, y desprotección de trabajadores de presencialidad forzosa tales como de la salud y de la educación. 

Se ha hecho harto evidente que el capital no se reproduce por sí solo. Requiere de mano de obra explotable, presencial, sin la cual es incapaz de generar ganancias. Por ello, este desmanejo de la pandemia aparece como la expresión más avanzada de la deshumanización del sistema capitalista dominante, generadora de crecientes protestas por parte de trabajadores de la salud, de la educación, del transporte, y de otros rubros de actividad económica, así como de denuncias de abandono de las personas en situación de discapacidad. 

Pero estas denuncias, presentadas ante la ANDIS, ante ministerios de salud y otros, aún no llegan a convertirse en aglutinadoras de luchas por nuestra supervivencia como seres humanos, ante un sistema que prioriza ante todo el pago de la deuda externa, el lucro de las grandes multinacionales farmacéuticas, de los grandes emprendedores y desarrolladores inmobiliarios y de las financieras indefectiblemente ligadas a ellas, y de las empresas que precisan mano de obra barata para seguir lucrando con ella sin importar si en el proceso generan muertes. No es casual que hoy se hable de capitalismo salvaje, ya que en sus períodos de crisis es cuanto más salvaje se manifiesta su esencia. 

Para concluir, con una propuesta superadora del impasse en que nos encontramos, quiero retomar un concepto de fácil comprensión para toda persona en situación de discapacidad y que está presente en casi todas mis intervenciones escritas y orales desde hace ya años. Nuestro horizonte debiera ser la lucha por una sociedad donde se reconozca como socialmente valioso el aporte que cada cual pueda brindar desde sus 

propias potencialidades y capacidades, y que a cambio cada cual reciba lo necesario para satisfacer sus necesidades básicas y vitales, necesidades que indefectiblemente cambian a lo largo del tiempo. En pocas palabras, este es el horizonte del socialismo, bien entendido. O lo asumimos como propio, o nos condenamos a vivir y morir en la barbarie del capitalismo. 

Las consignas de REDI de principio de siglo XXI siguen vigentes, aunque actualizables. Y debieran guiar nuestro accionar, servirnos para aglutinarnos en una organización militante y pujante a nivel local y nacional, que sepa articular sus luchas con los cada vez más numerosos sectores de la población que este sistema capitalista va discapacitando. Tenemos que lograr introducir nuestros reclamos en los convenios colectivos de trabajo, tanto entre trabajadores estatales como privados. 

Y debiéramos comprender que, si algunos pocos de nosotros conseguimos empleos de los cuales podemos vivir o sobrevivir, esto no resolverá el problema de las amplias mayorías de nuestras compañeras y compañeros con discapacidad. La lucha no puede ni debe restringirse a las aspiraciones de las clases medias, ni puede ni debe ser dirigida por ellas. Por eso, nuestro reclamo central tiene que ser, como lo ha sido históricamente, por trabajo y vivienda. 

Eduardo Joly: eduardo.joly@gmail.com www.rumbos.org.ar