Colombia: violencia a líderes políticos y sociales
Colombia: violencia sobre líderes políticos y sociales
Cuando desde la bioética se busca la justicia, que es el nombre de la paz, obviamente se debe poner atención a todas las manifestaciones de violencia y mucho más cuando estas cobran vidas que están puestas al servicio de la lucha por los derechos humanos. Los informes que dieron origen a esta nota merecen ser leídos en su totalidad para comprender lo grave y amenazante de la situación colombiana para la paz y la justicia en la región.
El informe que el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP) titulado “Violencia camuflada: ataques a la base de las organizaciones sociales”, así como el realizado por el colectivo que defiende los derechos humanos Somos defensores, titulado “La naranja mecánica”, enfatizan que los grupos armados en Colombia se concentraron en atacar a la base del movimiento social, con el fin de ocultar el fenómeno, a pesar de que los ataques a los dirigentes sociales reconocidos no hayan cesado. Por los menos 58 líderes sociales o defensores de derechos humanos fueron asesinados en el primer semestre de 2019.
El panorama es oscuro para los activistas y líderes sociales en Colombia. A pesar que disminuyó el número de asesinatos en lo corrido del año, se dispararon otras agresiones. De acuerdo con el Sistema de Información sobre Agresiones contra Personas Defensoras de Derechos Humanos (SIADDHH), se documentaron 591 asesinatos, amenazas, atentados y detenciones solo en 2019. La preocupante cifra es la más alta que ha reportado el sistema en diez años, la gran mayoría de homicidios después del Acuerdo de Paz se registraron contra integrantes de Juntas de Acción Comunal y líderes cívicos, toda vez que sus presidentes y secretarios, principalmente, han visto amenazada su labor de defender el territorio, la sustitución de cultivos de uso ilícito, la restitución de tierras y el medio ambiente. “La nueva estrategia es amenazar y asesinar a los líderes de base, con el fin de debilitar el proceso a través del miedo y el terror”, insiste el CINEP. Hay un alto incremento en los casos de atentados, detenciones arbitrarias y amenazas, los atentados incrementaron en un 17 por ciento, las detenciones arbitrarias en un 450 por ciento y las amenazas en un 75 por ciento.
La Confederación Nacional de Acción Comunal, la Fiscalía General de la Nación entregó como resultado satisfactorio 34 sentencias judiciales en las que se ha condenado a los autores materiales de los hechos, no obstante, no hay una sola que hable de los autores intelectuales o determinadores de los hechos.
El banco de datos de Derechos Humanos del CINEP resalta que de los 1418 casos de victimización contra líderes registrados en 2018, en 195 aparece la etiqueta desconocidos, en 139 casos el autor es hombres armados o encapuchados y en 562 casos no hay información, lo que equivale a más de 800 casos que están en la impunidad, resalta el documento.
De ahí que ambos informes hagan un llamado a la sociedad colombiana, para que le exija a las autoridades que no camuflen los homicidios contra líderes sociales, simplemente relacionándolos con móviles judiciales como atracos, prestamos gota a gota, líos pasionales y problemas con el vecindario. “Así se camufla de manera mediática la verdad de los defensores de derechos humanos y su importancia en la sociedad”. Asimismo es un error optar por reducir la discusión a problemas de narcotráfico y minería ilegal cuando de por medio también hay asuntos históricos como la disputa por el uso y tenencia de la tierra. Cuando los funcionarios evaden la responsabilidad del Estado en la problemática de violencia contra líderes sociales, al considerar que los ataques a estas personas solo provienen de terceros y de grupos privados al margen de la ley. «Olvidan que Colombia tiene obligaciones en el marco del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, de respetar, proteger, prevenir y garantizar sus vidas e integridad física». Las respuestas desde la institucionalidad estatal y gubernamental son diversas y marcadas por lugares y medidas tan comunes como precarias: aumento de recursos para protección física y material, campañas de sensibilización, militarización de los territorios y programas gubernamentales para mitigar» que en realidad no tocan el problema de fondo y, por ende, tampoco plantean soluciones para enfrentar el fenómeno a largo plazo.
Haciendo alegoría a la última película que lanzó Marvel sobre superhéroes, la organización Somos defensores planteó que «nos encontramos frente a un Estado que parece estar bajo el poder de Thanos, que solo con un chasquido de sus dedos intenta regresarnos al pasado y no dejarnos salir del caos, impidiendo que se conozca la verdad, callando a la mitad del país, cerrando las puertas a la democracia y poniendo el acento en la guerra y la militarización, nuevamente».
Ambas asociaciones consideran que esta violencia se debe a la discusión que se volvió a revivir sobre si hubo o no conflicto armado en Colombia. Un debate que quedó otra vez sobre la mesa cuando la salida de las FARC de los territorios demostró que no era suficiente para cambiar la situación de quienes vivían en esas zonas.
La violencia política en 2018 dejó 648 asesinatos, 48 atentados, 1.151 personas amenazadas, 304 heridos, 66 torturados, 3 víctimas de violencia sexual y 22 desaparecidos. En el Valle del Cauca el año pasado se registraron 122 amenazas mientras que en Cauca 117, siendo los departamentos con más victimización a los defensores de derechos humanos en el país.
Fuentes: “La naranja mecánica”/ CINEP: “Violencia camuflada”