CIDH: reclama medidas contra la contaminación

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH):  reclama medidas contra la contaminación ambiental

Publicamos un resumen de la noticia del allanamiento de Atanor, una de las más grandes compañías de agroquímicos en la Argentina,  por el protagonismo que tuvo en el mismo la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que impuso  un plazo de tres meses, (a partir del 16 de julio de 2020) al Estado argentino, para que presente informes sobre los reclamos por la contaminación en el territorio. Muchas veces los reclamos de los trabajadores, los vecinos, las asociaciones civiles que viven en el territorio en que operan estas grandes empresas multinacionales no son escuchados por la justicia de su país. Este fue el caso durante seis años (la denuncia fue radicada en 2014) a pesar de haberse producido más de 200 muertes por la contaminación que produce la empresa en el barrio donde opera. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), es la instancia superior a cualquier justicia nacional en América Latina que defiende los derechos humanos de los pueblos. A ella se puede acudir cuando las instancias nacionales no dan respuesta generalmente por estar al servicio de intereses comerciales superiores, contrarios al derecho a la vida y la salud.

A raíz del ultimátum de la CIDH, la justicia argentina dispuso el allanamiento de Atanor así como el de Carboquímica Paraná.

En Atanor la justicia dispuso:

• Requisar las instancias interiores de la fábrica (oficinas, depósitos, anexos) autorizando al personal de seguridad a la apertura de cajones, escritorios, caja fuertes, armarios y extracción de registros y soportes informáticos.
• “Realizar una inspección integral del lugar a efectos de que se examine el proceso productivo en general, comprobar el modo de disposición y/o tratamiento de los residuos que la empresa genera y se obtengan muestras líquidas y sólidas a los fines de precisar el grado de contaminación denunciado”.
• Constatar la existencia de caños clandestinos; el enterramiento de residuos peligrosos en la zona de la barranca del Río Paraná y otros sectores de la planta; la existencia de riego de la barranca sobre el Río Paraná con sobrantes de líquidos contaminados; y/o cualquier otro elemento de prueba para estas actuaciones.
• Secuestrar toda documentación interna en soporte papel y/o digital, tendiente a acreditar el consumo de agua subterránea, y fiscalizar los medidores de consumo hídrico.

Las medidas fueron remitidas al Centro de Investigación de Medio Ambiente, de la Universidad Nacional de La Plata (CIMA-UNLP), a cargo del investigador Damián Marino. Ese mismo equipo ya había detectado que San Nicolás tiene valores de contaminación “miles de veces superiores” a las zonas de explotación agrícola.

Atanor pertenece al grupo multinacional Albaugh LLC, con sede en Estados Unidos. En su página web se presenta como “la compañía líder en protección de cultivos”, tras una imagen del Herbifen Advance, que promocionan como un producto “rápido y efectivo” para el control de malezas, además de ser “compatible con todos los glifosatos”. La planta de San Nicolás abarca un área 500 mil metros cuadrados, tiene “108 colaboradores”, y produce herbicidas a base de Ácido 2,4D, Ácido 2,4DB, Ésteres 2,4D y 2,4DB, MCPA, Dicamba, Imazetapir e insecticidas como Cipermetrina y Clorpirifos. Las empresas deben tener un balance de flujo: para poder controlarlas ambientalmente es preciso saber cuánta agua consume y cuánta vuelca. Atanor funcionó 50 años sin caudalímetros. Y la Autoridad del Agua (ADA) informó en un expediente de amparo que la empresa no contaba con ellos ni tampoco con cámara de toma de muestras, además de que la propia ADA nunca había testeado los efluentes de la industria.

En noviembre de 2016 se produjo un incendio en la fábrica que dos meses atrás había sido clausurada al comprobar que se arrojaban químicos al Río Paraná. Fue reabierta semanas después para que la Autoridad del Agua (ADA) pudiera extraer muestras, pero el juzgado no dispuso ninguna medida de control: la fábrica siguió funcionando como si las denuncias por contaminación, muertes y enfermedades respiratorias del barrio no existieran.

Además de estas irregularidades y denuncias, hace años que los vecinos y el FOMEA (Foro medioambiental de San Nicolás) alertan que la planta inauguró un sector de formulación de atrazina sólida, un hebicida que en la Unión Europea está prohibido desde 2013, sin la habilitación del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS, ámbito de regulación bonaerense). Esto pudo comprobarse en el allanamiento.

La evaluación del allanamiento es muy positiva. Sobre todo por la toma de, al menos, dos muestras muy fuertes y contundentes. Estas muestras técnicamente se dicen que tienen características organolépticas, que es lo que uno percibe con los sentidos: el color, el olor. Hubo dos lugares: uno, el punto histórico de la barranca, los empleados de la empresa los identificaron como los lugares donde volcaban los tóxicos. La barranca era uno de los puntos, allí la tierra tiene una coloración amarilla, verdosa que se sospecha es triflularina (un agroquímico), pero eso lo especificarán los análisis.

El otro punto es un camino de cemento, una especie de veredita que une dos sectores de la planta, que si se golpea, se rompe fácilmente porque es una capa finita, y debajo de esa capa aparece carbón activado mezclado con triflularina. Es decir, un indudable enterramiento de residuos peligrosos.

La denuncia a la CIDH fue fundamental, el pedido de informes del organismo al estado argentino fijó un plazo de tres meses para que presente sus observaciones respecto a la causa de contaminación contra Atanor. Esto disparó otra medida de la Corte Suprema de Justicia que ordenó a la Justicia Federal de San Nicolás que vuelva a pronunciarse en una causa iniciada por el propia FOMEA contra la empresa Carboquímica Paraná SA, que según las denuncias “contaminaba el Río Paraná y sus costas con residuos peligrosos provenientes de la actividad industrial de destilado de alquitrán de hulla”. Atanor y Carboquímica están en el mismo cordón industrial. El alquitrán de hulla es un residuo que se produce en la industria metalúrgica. Acá tenemos la más grande de América, la exSomisa (Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina), que era del Estado y ahora es de Techint. Ambas empresas produjeron un desastre ambiental, que afectó gravemente la salud de los habitantes de San Nicolás.

Fuente:  La Vaca, 19/7/2020